El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, advirtió ayer que la dependencia a su cargo recurrirá al derecho para corregir la “disfuncionalidad” en la ley de educación que se llegue a aprobar en Oaxaca y que eventualmente no coincida con la legislación federal.

Ante tal situación, la entidad oaxaqueña podría enfrentar un nuevo proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El pasado 15 de abril se presentó un primer recurso, por parte de la Presidencia de la República, luego de que el Congreso local no armonizó la ley de educación conforme a la reforma educativa.

El responsable de la política educativa del país sostuvo que “en un Estado federal, las partes de la Federación deben hacer coincidir sus leyes con los grandes temas que son materia de convenios y tratados internacionales o que establece la Constitución y deben reflejarse en sus leyes”.

Dijo que la SEP tiene la supremacía constitucional, “ahí donde no se han podido dictar leyes que tengan que ver con los grandes objetivos de la política educativa de México”, incluso de los convenios y la celebración de tratados con otros países.

En Oaxaca los maestros disidentes del sindicato magisterial agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), buscan que el Congreso local apruebe una ley educativa que contraviene el contenido de la reforma educativa constitucional.

Chuayffet no se refirió en ningún momento a la entidad gobernada por Gabino Cué, pero fue enfático al establecer que la dependencia a su cargo tiene “el principio de supremacía constitucional que nadie desconoce y que se puede ventilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad para que ésta diga cuál de las posiciones en conflicto prevalece”.

Recordatorio

Siete entidades reconsideraron

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, recordó el caso de otras siete entidades en donde se consideró que las leyes locales no coincidían con las leyes de la reforma educativa: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Sonora, Michoacán, Morelos y Zacatecas, por lo que se recurrió al máximo tribunal del país y se les exhortó a armonizar sus leyes locales con la reforma educativa.