Con 105 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó ayer la Ley Federal de Competencia Económica, la cual fue devuelta a la Cámara de Diputados, con modificaciones.

Varias modificaciones se hicieron al articulado, entre ellas las que establecen que la Comisión Federal de Competencia  Económica (Cofece) podrá emitir opiniones y orientaciones en materia de libre concurrencia y competencia económica cuando lo soliciten los agentes económicos.

Además, la Cofece podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a la Comisión, los cuales serán elaborados por académicos y expertos en la materia de manera independiente a la autoridad; esos estudios deberán ser incluidos  en los informes trimestrales que envía la Cofece al Ejecutivo federal y al Congreso.

Al presentar el dictamen en tribuna, el senador panista Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, dijo que “hoy México es un país de dos: dos proveedores de harina de maíz; dos cadenas de cines; dos canales de televisión; dos productores de cerveza; dos grandes embotelladores de refrescos; un gran productor de pan; dos grandes productores y distribuidores de pollo, una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en aviación, en muchísimos mercados”.

Además, la OCDE ha señalado que hay mercados en México donde los consumidores pagan hasta el 30 por ciento más de un sobreprecio por falta de competencia o por manipulación de los mercados.

De ahí que “era imprescindible entrarle a fondo y analizar la causa por la cual no funcionó adecuadamente el sistema de competencia. Fundamentalmente el tema fue la enorme litigiosidad, por eso en la reforma constitucional se estableció eliminar la suspensión provisional en materia de amparo y quitar los recursos que se interponen en las etapas intermedias solamente hasta la parte resolutiva”.

Refirió que la ley, en materia de seguridad jurídica para los agentes económicos, establece la posibilidad de que un agente económico acuda a la Cofeco, solicite una consulta sobre si lo que está haciendo está en el marco de la ley.

También se estableció la obligación para la Comisión de establecer en disposiciones reglamentarias, en un plazo no mayor de seis meses, los parámetros generales bajo los que se regirán los temas “más complicados”, como son aplicación de sanciones, desincorporación de activos, determinación de mercado relevante, determinación de dominancia.

En tribuna también, el senador priista José Ascensión Orihuela dijo que un tema fundamental es la facultad que se otorga a la Cofece para ordenar la desincorporación de activos como una fuerte sanción por el incumplimiento de la regulación. Para dicha medida, se ha propuesto la presentación de una justificación clara que incluya un análisis económico que justifique su imposición.

El senador perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, expresó que la nueva Ley de Competencia Económica debe cumplir con los principios rectores que se establecieron en la reforma constitucional para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, sus prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficientes de los mercados; y sancionar todo aquella actividad que constituya una ventaja exclusiva  e indebida a favor de una o varias personas en perjuicio del público en general o de una clase social determinada.

Además, la nueva ley debe prevenir, investigar y combatir las restricciones o el funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia; regular el acceso a insumos especiales; así como la desincorporación de activos, derechos, acciones o partes sociales como instrumento para eliminar los efectos anticompetitivos en el mercado

“Hay que reconocer que la minuta recibida por la Cámara de Diputados fue objeta de diversas modificaciones que enriquecieron y fortalecieron la autonomía del órgano regulador y definieron nuevas facultades o precisaron atribuciones”.

Aunque senadores del PRD y PT reservaron artículos para modificarlos, sus propuestas no prosperaron.