Los abogados de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, presentaron hoy el recurso contra el auto de un juez que la imputa por dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero, en el marco de una investigación por corrupción que también afecta a su marido, Iñaki Urdangarin.

La semana pasada el juez José Castro acabó la instrucción del llamado “caso Nóos”, el nombre de una entidad sin ánimo de lucro que Urdagarin presidió entre 2003 y 2006 y a la que presuntamente se desviaron seis millones de euros de fondos públicos.

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, confirmó hoy la presentación del recurso contra el auto del juez y dijo que espera que la Audiencia resuelva a su favor, pues no contempla que se pueda sentar en el banquillo.

El recurso se une al presentado en días pasados por el fiscal del caso, Pedro Horrach, quien citó informes de la Agencia Tributaria para asegurar que la infanta no puede ser imputada.

Además, atacó el juez por considerar que convirtió en argumentos de acusación “meras conjeturas”, influido por un sector de la prensa y se mostró convencido de que las pruebas en contra de la infanta se desmoronarán “con una leve brisa”.

El abogado Roca no quiso comentar hoy con detalle los argumentos en que fundamenta el recurso, aunque en días pasados apuntó que se basaba en datos ya aportados por la Fiscalía y por la Agencia Tributaria.

Dijo que “no es un problema de optimismo o pesimismo, es un problema de convencimiento total de la inocencia de nuestra cliente, y estamos convencidos de que la Audiencia resolverá en los términos que nosotros consideramos conveniente, pero ya se verá”.

Corresponde ahora a varios magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, donde se sigue el caso, resolver los diferentes recursos sobre las imputaciones, que afectan no sólo a Cristina de Borbón y a su esposo (a éste por nueve delitos) sino a otras trece personas.

En el auto con el que el juez cerró la instrucción, de 167 páginas, Castro apuntó que había “sobrados indicios” de que la infanta participó de las actividades de su esposo “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera” él, mediante “la colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados” en una empresa familiar.