La marihuana legal producida en Uruguay empezará a distribuirse en farmacias a partir del segundo semestre de 2014, aseguró hoy el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.

La ley que regula la producción, compra y venta de marihuana en Uruguay, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013, presentará su reglamentación en los próximos días, dentro de los cuatro meses de plazo máximo previsto para su articulación.

El proceso de implementación de la ley, en cambio, “tendrá otros tiempos”, debido entre otros factores al “proceso biológico de la planta” de cannabis, que “no puede alterarse por la acción humana”, detalló Calzada.

“Para que la marihuana esté disponible en farmacias, primero hay que plantarla, cosecharla, secarla, empaquetarla y distribuirla”, argumentó el secretario de la JND, que avanzó que tal proceso no culminará antes del segundo semestre del año.

Los requisitos de los predios para cultivar marihuana y el software empleado para los registros de consumidores legales y la emisión de licencias para los cultivadores son algunos de los aspectos que concretará el reglamento de la ley, según indicó.

Calzada realizó estas declaraciones a la prensa tras participar en la firma de un convenio entre la JND uruguaya y el Instituto Max Planck de Alemania para la investigación criminológica (MPI), un acuerdo que definió como “muy relevante desde el punto de vista académico”.

El director del MPI, Hans-Jörg Albrecht, alabó la política sobre el cannabis adoptada en Uruguay y la definió como “un paso adelante en los mecanismos de control de drogas” que va a ser “imitado por otros países en los próximos dos o tres años”.

“No hay ninguna duda de que las políticas sobre drogas implementadas en los últimos 50 años han fracasado. Hay que mejorarlas y tratar de recurrir menos a la represión y al derecho penal”, señaló Albrecht.

Destacó además que en Europa se están buscando mecanismos de control del cannabis “menos costosos a nivel económico, y que generen un menor impacto en los sistemas carcelarios y penales”.

Albrecht criticó la Convención Única sobre Estupefacientes establecida en 1961 a nivel internacional y que tildó de “muy estricta”, y consideró que “deja poco espacio para experimentar con las políticas sobre drogas a nivel nacional”.

Para Calzada, la ley uruguaya sobre la marihuana “supera la incongruencia jurídica que existía entre la habilitación para el consumo de esta droga, vigente en el país desde hace más de 40 años, y la inhabilitación legal para el acceso a la sustancia”.

Además, consideró que aportará “mejoras en la salud de la población y de los usuarios de esta droga en particular”, y contribuirá a “desarticular los mercados ilícitos del cannabis”.