Finamed pretende cobrarle al gobierno estatal alrededor de 530 millones de pesos

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El Gobierno del Estado de Veracruz ha iniciado un procedimiento de expropiación de bienes de la empresa Finamed, SA de CV, al considerar que ha incurrido en una serie de violaciones al contrato signado en el año 2088 para que prestara servicios complementarios de salud en las áreas de cirugía cardiovascular, hemodinamia, equipamiento para quirófanos, imagenología y hemodiálisis en 11 hospitales veracruzanos, informó el secretario de Salud en la entidad, Juan Antonio Nemi Dib.


Sobre el tema ofreció una amplia conferencia de prensa, a la que lo acompañaron la coordinadora general de Comunicación Social del gobierno estatal, Gina Domínguez Colío; el contralor general del Estado, Iván López Fernández; el doctor José Ramón Cárdeno Shaadi, procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); Antonio Gómez Anell, director general de Patrimonio del Estado; el licenciado José Raúl Bala Reyes, director jurídico de la Secretaría de Salud; y el doctor Javier Guevara Arenas, director de Atención Médica de la misma secretaría.


Recordó a reporteros que el Gobierno del Estado, en el año 2008 signó un contrato por 12 años con la empresa Finamed, para lo cual se recibió previa autorización del Congreso local, para la prestación de servicios complementarios de salud, específicamente en cirugía cardiovascular, hemodinamia, equipamiento para quirófanos, imagenología y hemodiálisis.


Sin embargo: “a últimas fechas la empresa Finamed ha incurrido en una serie de violaciones al propio contrato, que incurre entre otras cosas en violación por la falta de equipamiento suficiente, en incumplimiento en algunos servicios comprometidos, y de manera muy particular, la pretensión de cobros que son absolutamente improcedentes desde el punto de vista de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz”.


A lo anterior, dijo, Finamed pretende cobrarle al gobierno estatal alrededor de 530 millones de pesos, pago en el que se está en total desacuerdo porque de conformidad con los registros con que se cuentan en la dependencia, la empresa ha incumplido en la prestación de ciertos servicios, como también ha incumplido en el equipamiento total, y al parecer está subestimando la valoración de sus arrendamientos y servicios profesionales.


Sostuvo en la conferencia de prensa que se intentó en varias ocasiones negociar con Finamed para que se ajustara al cumplimiento de lo pactado, pero no obstante las muchas reuniones e incluso con la presencia de un notario público para acreditar la buena fe del Gobierno del Estado y la disposición para cumplir bilateralmente el contrato, “lamentablemente la posición de la empresa se ha mantenido irreductible y se niegan a revisar los adeudos que desconocemos, y por supuesto no ha mostrado ninguna voluntad de mejorar la calidad de sus servicios y cumplir lo que tenemos pactado”.


Juan Antonio Nemi Dib expresó además que al día de hoy, se tiene la presunción fundada de que Finamed pudiera decidir unilateralmente suspender la prestación de los servicios y poner con ello en peligro la vida de cientos o miles de veracruzanos que son atendidos en 11 hospitales equipados por dicha empresa, situación que de darse sería una flagrante violación al derecho a la salud consagrado en la Constitución General de la República.


“Ante este escenario, ante la gravedad de la situación, y dado el compromiso del Gobierno de Veracruz de garantizar incondicionalmente la salud de los veracruzanos, y la adecuada prestación de los servicios hospitalarios que son nuestra responsabilidad, es que la Secretaría de Salud, a mi cargo, ha solicitado formalmente, como lo establece la ley, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que se proceda a la expropiación de los bienes de la empresa Finamed, para que estos permanezcan bajo el control del gobierno de Veracruz y continúen prestando sus servicios”, agregó.


Entre muchas otras cosas, se dio cuenta de que este día la SEFIPLAN procedió a notificar a la empresa, con oficinas en la Ciudad de México, dando así inicio al procedimiento expropiatorio, que conforme la ley, tiene una serie de tiempos y peculiaridades.


El secretario de Salud informó que el equipo con que la empresa cuenta en los 11 hospitales será operado por personal de la dependencia a su cargo; se trata de ubicados en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz puerto, Río Blanco, Yanga, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.


En tanto que el procurador fiscal de la SEFIPLAN, José Ramón Cárdeno Shaadi, detalló que el procedimiento expropiatorio se inició con la evaluación de la Secretaría de Salud sobre el riesgo en el cual están los veracruzanos, a lo cual siguió la emisión de un dictamen técnico que hizo Patrimonio del Estado donde se acredita la causa de utilidad pública, que precisamente es que continúen los servicios de salud; y ahora la notificación de esto a la empresa Finamed, a la que desde luego, dijo, se le respetará su garantía constitucional de audiencia, para que se defienda y tenga la oportunidad de manifestar su dicho respecto si está de acuerdo o no con la expropiación, y si consideran o no que han cumplido con lo pactado, que para el Gobierno del Estado esto último no se ha dado.


Nemi Dib remarcó, en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de medios, que ya no hay tiempo para negociar con la empresa, pues ya se intentó, exponiendo en ese sentido: “la salud de los veracruzanos no admite más espacios para negociación y para garantizar la vida de los pacientes de nuestros hospitales; no vamos a estar concediéndole tiempo a un particular que finalmente, con todo derecho, tiene intereses lucrativos que están tutelados y protegidos por la ley, pero que nunca van a ser superiores a la vida de la gente, de suerte que no hay más plazo, y la posibilidad de negociar se agotó con muy buena voluntad y evidentemente no hubo resultados, si los hubiera habido, no estaríamos solicitando la expropiación de estos bienes”.



Finamed pretende cobrarle al gobierno estatal alrededor de 530 millones de pesos

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