A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibirá, de forma automática, los datos bancarios de mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos.

Con el inicio del 2014, comienza el intercambio entre México y Estados Unidos de información de cuentahabientes correspondiente a datos de 2013, donde se incluyen datos de quienes tuvieron cuentas y las cerraron.

Este intercambio está contemplado en el calendario del Acuerdo de Cumplimiento Fiscal sobre la Ley Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA (por sus siglas en inglés).

Debido a ello, la autoridad fiscal estadunidense le notificará al SAT el nombre del cuentahabiente, número de cuenta, institución financiera, intereses, dividendos y saldo promedio mensual o valor de la cuenta. Se incluyen cuentas de depósito de personas físicas residentes en México, que generen más de 10 dólares de intereses al año, y cuentas diferentes de depósito, como las inversiones en bonos, deuda y acciones, de personas físicas y morales.

Además, en los próximos años, se establecerá un sistema para entregar incluso el RFC. Mientras tanto, ya no será necesario que Hacienda solicite datos de mexicanos cada vez que haga alguna auditoria pues dicha información estará disponible en automático con este intercambio. El acuerdo establece que cada año la información anual deberá ser intercambiada dentro de los nueve meses siguientes al que corresponda. No obstante, por ser el primer año de aplicación, toda la información correspondiente a 2013 tiene de plazo de entrega el 30 de septiembre de 2015.

Esa fecha también será el límite para entregar la correspondiente a 2014, según un documento de análisis de la consultora Deloitte.

En el acuerdo, participan bancos, seguros, casas de bolsa o cualquier otro intermediario que realice operaciones a nombre del cliente y le otorgue algún dividendo.

En 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley FATCA para fiscalizar las operaciones financieras de sus ciudadanos fuera de su territorio.

En noviembre de 2012, México y EU firmaron un acuerdo bilateral para su implementación, en el que se incluyó la fiscalización recíproca, lo cual entró en vigor en 2013. Con esta medida se elimina la secrecía bancaria, pues se firmó entre gobiernos y no entre instituciones financieras de manera directa, indica Deloitte.