La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que entre 1985 y 2013, procesó a 4 mil 543 militares por presuntos actos de deserción, aunque precisó que los nombres de ese personal han quedado clasificados con fundamento en los artículos 13, fracción IV, y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Señaló lo anterior en respuesta a una solicitud de acceso a la información de un particular.

Por su parte, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la dependencia a dar a conocer, en versión pública, sólo las sentencias de quienes fueron condenados, tal como lo solicitó el interesado, incluida la relacionada con los rangos de los militares.

En este último punto, la Sedena proporcionó una tabla con los grados de los uniformados y el número de quienes fueron sometidos a juicio en dicho periodo, lo que no satisfizo al particular, por lo que interpuso un recurso de revisión ante el IFAI.

Al analizar el caso, el comisionado presidente Gerardo Laveaga, impugnó la clasificación de los nombres y manifestó que en la solicitud diversa con número de folio 0000700134913, la propia Sedena “puso a disposición información similar”.

A su vez, la dependencia notificó que la información requerida estaba disponible en la modalidad de consulta directa, al encontrarse en los libros de gobierno de cada una de las prisiones militares adscritas a la primera, tercera y quinta región militar, respectivamente.

Asimismo, precisó que se solicitó información desde 1985, por lo que no era posible dar acceso a la misma en las modalidades de copia simple o electrónica “en virtud del volumen de la documentación respectiva”.

En el análisis jurídico del caso, el comisionado Laveaga expuso que de la normatividad analizada se desprendió, que en las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal Militar, se puede advertir el delito por el que se juzgó a un militar, los datos de identificación y la fecha de emisión.

Indicó que si bien la Sedena puso a disposición los libros de gobierno de las prisiones militares, desde 1985 a la fecha, lo cierto es que serían las sentencias pronunciadas sobre el delito de deserción, la expresión documental que daría atención a la solicitud del particular.

Por otra parte, afirmó que se debe distinguir entre el nombre de los militares procesados y declarados culpables de los enjuiciados y absueltos, ya que  en este último caso dar a conocer los nombres y rangos de los militares involucrados en procedimientos penales militares, “sin que se haya acreditado su responsabilidad, podría afectar su derecho a la presunción de inocencia”.

En el caso de sentencias condenatorias, los nombres de los militares inculpados no pueden constituir un dato personal confidencial, al tratarse de servidores públicos, ya que da cuenta de la idoneidad de la persona respecto de las funciones que le fueron asignadas.

Agregó, que de conformidad con el Código de Justicia Militar las audiencias tendrán el carácter de públicas y que las resoluciones del Consejo de Guerra, deberán ser leídas íntegra y públicamente.

Si bien los servidores públicos tienen derecho a que se resguarde su intimidad, el umbral de protección es menor en tanto están sujetos a un mayor escrutinio público.

En consecuencia, el pleno del IFAI instruyó a la Sedena poner a disposición del particular, las sentencias condenatorias de los militares juzgados por el delito de deserción, en el periodo referido. Lo anterior, en las modalidades de copia simple o copia certificada.