La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) Navi Pillay advirtió que la vigilancia masiva gubernamental en la era digital se está convirtiendo en un “hábito peligroso”.

Al presentar este miércoles el informe “El derecho a la privacidad en la era digital”, precisó que existe una falta “preocupante” de transparencia sobre las políticas y prácticas de vigilancia gubernamentales” en internet.

El documento señala que en muchos Estados hace falta legislación sobre el tema o su ejecución adecuada, además de que existen débiles garantías procesales y supervisión ineficaz.

También se da coerción de hecho a las empresas para facilitar el acceso a la información y datos individuales y sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios, afirmó Pillay.

Esa situación obstaculiza la rendición de cuentas en caso de violaciones de los derechos humanos, o incluso para hacernos conscientes de que tales violaciones suceden, agregó.

Añadió que se viola el derecho a la privacidad “a pesar de que existe un marco jurídico internacional claro”.

Reveló que su oficina ha estado trabajando más de un año en el derecho a la privacidad frente a las medidas modernas de tecnología y de vigilancia digital.

En esa tarea se han revisado legislaciones nacionales e internacional existentes, se enviaron cuestionarios a los Estados, a organizaciones internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y a las empresas del sector.

El fruto de ese trabajo, surgido de una petición de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre pasado, es el informe dado a conocer este miércoles,

El documento establece que “las plataformas tecnológicas sobre las que la vida política, económica y social del mundo dependen cada vez más, no sólo son vulnerables a la vigilancia masiva sino que en realidad pueden facilitarla.”

“La responsabilidad recae en el Estado el cual demostrar que tal interferencia no es arbitraria ni ilegal “, argumentó.

El informe del ACNUDH señala que las normas secretas e interpretaciones secretas – incluso interpretaciones judiciales secretas – de la ley, “ no tienen las cualidades necesarias de ley”.

El informe insta a los Estados a establecer instituciones independientes para monitorear este tipo de vigilancia .

“Cualquier captura de datos de las comunicaciones es potencialmente una interferencia en la vida privada y, además, la recopilación y conservación de datos de comunicaciones supone una injerencia en la vida privada’’.

Sobre el sector privado, el informe señala una fuerte evidencia de la creciente dependencia de los gobiernos en el sector privado para llevar a cabo y facilitar la vigilancia digital.

Una compañía que suministra datos al Estado, en respuesta a una solicitud que contravenga las normas de derechos humanos, corre el “riesgo de ser cómplice de una o de otra manera pues se involucra con abusos de los derechos humanos” .

“El flujo constante de nuevas revelaciones inquietantes muestra realmente qué poco sabemos sobre la naturaleza precisa de la vigilancia, y el grado en que se violan nuestros derechos humanos’’, valoró Pillay.