El caso de normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala constituye violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la dignidad de éstas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública, señaló la CNDH.

Añadió que ante esta situación determinó continuar el trámite del expediente iniciado de oficio el 27 de septiembre pasado, como investigación de violaciones graves de derechos humanos.

Hizo notar que se trata de la tercera ocasión en que la CNDH ejerce esta facultad de investigación -segunda en Guerrero- y apuntó que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son las violaciones más graves a derechos humanos que se pueden cometer en esta materia.

En un comunicado de prensa la CNDH se refirió al asesinato la noche del 26 al 27 de septiembre, de seis personas –tres de ellos estudiantes normalistas— y la desaparición todavía de 43 (de un total de 56) y refirió que a partir de esos hechos dio inicio una investigación de oficio, e integró un grupo de trabajo conformado por 30 visitadores adjuntos entre abogados, médicos, psicólogos, y criminalistas.

Hasta el momento, se han realizado 233 diligencias incluidas 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos; 74 servicios de atención psicológica a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas, indicó la Comisión.

Además, se han realizado 32 visitas al lugar de los hechos, así como a domicilios de las víctimas, hospitales públicos y privados, al Servicio Médico Forense, e instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y al sitio donde este jueves fueron encontradas fosas clandestinas.

La CNDH añadió que ha girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y se han obtenido 24 expedientes clínicos y 6 necropsias.

Recordó que desde que emitió su Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en Guerrero, el 17 de diciembre de 2013, señaló lo siguiente:

“El hecho innegable de que la seguridad pública en esa entidad federativa, precisamente enfrentaba un momento muy sensible y delicado, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometían y la violencia aparejada en su comisión, sino también por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate a la inseguridad, lo que ha repercutido a que día con día se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses”.

Ante esta situación y con base en la Constitución –abunda el comunicado— “el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva acordó continuar el trámite del expediente abierto de oficio iniciado en septiembre pasado”.

Tras señalar que la ejecución extrajudicial y la desaparición de personas son las violaciones más graves a los derechos humanos que pueden cometerse, hizo un llamado al gobierno de Guerrero, para que tome las medidas necesarias con el fin de que se salvaguarden los derechos de las víctimas, sus familiares y los testigos de los hechos, en especial “para que ningún servidor público del estado de Guerrero realice actos de intimidación que les impida acceder al sistema de justicia”.