En un hecho que pasara a la historia en China, la Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo del gigante asiático, aprobó ayer dos esperados avances en política social y de derechos humanos, al relajar la criticada política del hijo único y permitirá tener a dos vástagos y también poner fin a los polémicos campos de reeducación mediante trabajo, según indica un reporte de la agencia Xinhua.

En el caso de la natalidad, el gobierno comunista autorizó a las parejas tener un segundo hijo si alguno de los padres fue vástago único, medida vigente desde hace tres décadas.

La dirección del gobernante Partido Comunista chino anunció la medida en noviembre pasado y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional la aprobó oficialmente.

En su política de control natal impuesta en la década de 1980, China limitó a la mayoría de las parejas a tener un solo hijo. Sin embargo, permitía un segundo si alguno de los padres no tenía hermanos o si el primer vástago era mujer en las zonas rurales.

NACIMIENTOS. Los demógrafos y estrategas que elaboran las políticas calculan que la medida beneficiará entre 15 millones y 20 millones de padres chinos, la mayoría en ciudades, y resultará entre un millón y dos millones de nacimientos adicionales por año en los primeros años, aparte de los 16 millones de bebés que llegan a China cada año.

China es el país más poblado del mundo con mil 350 millones de personas.

REEDUCACIÓN. Por otra parte, la ANP también eliminó los campos de reeducación mediante el trabajo (“laojiao”) al ser abolidos casi 60 años después de su instauración por el entonces régimen de Mao Zedong, “tras cumplir su misión histórica”, reportó Xinhua.

El sistema de campos de reeducación fue instaurado en 1957 como un sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de sentencia judicial (bastaba con una decisión policial).

OPOSITORES. El “laojiao” se convirtió en herramienta política y sirvió para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra “derechistas” de 1957) como a muchos estudiantes que participaron en protestas de Tiananmen de 1989.

Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300 mil personas por año fueron confinadas en estos centros, muchos de ellos secretos.

Aunque estas reformas ya fueron aprobadas en algunas partes del país, aún se necesitaba la autorización legislativa formal para ponerlas en práctica,