El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo se pronunció por un cambio radical en el sistema de justicia, profesionalizar a las policías y combatir efectivamente la corrupción, para avanzar efectivamente contra la delincuencia organizada.

De esta forma se sumó a las voces de organizaciones de la sociedad civil que demandan políticas públicas y un sistema único de identidad, a fin de que los recursos aprobados en el Congreso de la Unión para el combate a la inseguridad sean usados realmente en esta materia.

Indicó que un lastre en el combate a la inseguridad son los altos índices de corrupción que se registran en los cuerpos policiacos de varios estados del país.

Peor aún, subrayó, “hay entidades que maquillan cifras y quieren tapar el sol con un dedo, queriendo mostrar que no pasa nada, cuando la situación de inseguridad es más grave de lo que se piensa”.

Lamentó que no haya una política real de combate y sólo se inventen medidas a corto plazo, mientras que la sociedad aún vive en la zozobra y el miedo cuando sale a las calles.

A 10 años de la llamada Marcha Blanca, encabezada por organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, empresarios, intelectuales y artistas, criticó que aún no existan datos precisos sobre la depuración de elementos policiacos que no han aprobado controles de confianza o que no son aptos para ejercer labores vinculadas a la seguridad pública o la impartición de justicia en varios municipios del país.

Lo que frena cualquier avance en materia de combate a la inseguridad, dijo, es que en muchos casos hemos sabido de policías que están vinculados con criminales y hasta los protegen.

Esto genera, agregó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que las víctimas pocas veces acudan a denunciar un delito por temor a represalias”.

Por ello, dijo en un comunicado, que la corrupción en los cuerpos policiacos, la filtración de bandas criminales a los sistemas de procuración de justicia y la falta de seguimiento a las políticas públicas anticrimen representan un reto para los gobiernos de todos los colores.

En este sentido, Aureoles Conejo subrayó que la Cámara de Diputados debe ser receptiva a las demandas de las organizaciones civiles y junto con ellas trabajar en el rediseño de políticas públicas anticrimen.

Al destacar la intensa participación de la sociedad para exigir a las autoridades resultados efectivos en la lucha contra el crimen, dijo que los gobiernos no deben esperara a que la gente se movilice para emprender acciones en materia de seguridad.

“Brindar seguridad a los ciudadanos es un trabajo que debemos hacer día con día gobiernos, políticos, sociedad hombro con hombro. Hay una deuda pendiente por atender y es que México alcance niveles bajos en criminalidad, se atienda a las víctimas y en muchos municipios se recobre la confianza en las instituciones y se restablezca el Estado de Derecho”, puntualizó.