El juez que lleva el llamado “caso Nóos”, José Castro, emitió ayer su auto definitivo en la ciudad de Palma de Mallorca, en el que imputa a la infanta Cristina, hermana del rey de España, por dos delitos fiscales y otro por blanqueo de dinero, mientras que a su esposo, Iñaki Urdangarín, lo imputa por otros nueve delitos. Otras 15 personas han sido imputadas en la trama de corrupción.

Nóos es el nombre de una entidad “sin ánimo de lucro”, como así se anunciaba, y presidida entre 2003 y 2006 por Urdangarín, cuñado del rey. Según el auto final del juez instructor, esa institución se quedó indebidamente con hasta seis millones de euros, procedentes de dinero público donado a esa institución por diferentes gobiernos locales y regionales.

“En su propio beneficio”. Según el auto, hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta, “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera su marido”.

Según explica el juez en el auto, la intervención de la hermana del rey fue mediante la “colaboración silenciosa de su 50 por ciento de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon”, de la que el otro 50 por ciento era de su esposo.

Según el juez, dichos fondos “ilícitos” proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó “gracias a sus defraudaciones fiscales”.

Castro considera “difícil compatibilizar” que Aizoon fuera “una sencilla y entrañable entidad familiar” con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.

El juez Castro da a entender en su auto que el comportamiento de la infanta cuando la interrogó el pasado 8 de febrero no ayudó precisamente en su descargo de culpas. “Su actitud se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo”, declaró.

“Por ser quien es”. El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá su imputación, por entender que el juez instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su defendida.

También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, para quien “sigue sin existir ningún elemento en contra” de la hermana del rey español, que “ha sido imputada por ser quien es”.

Último paso.  La infanta todavía podría librarse de ir a juicio si la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.

La Casa del Rey respeta la “independencia del poder judicial”

Tras conocer el auto, un portavoz de la Casa del Rey expresó su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”, una fórmula que también empleó en nombre del Gobierno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“En este país la ley es igual para todos”, señaló el ministro, quien recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a la independencia judicial.