La declaración, que ya había sido aprobada en 1990, fue retomada por la formación EH Bildu, vinculada al brazo político de la organización ETA y respaldada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) gobernante en esa comunidad.

El texto precisa que el derecho de autodeterminación “reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultual, bien con un marco político propio o compartiendo soberanía con otros pueblos”.

La propuesta de ley fue aprobada con los 48 de los 75 votos de dos formaciones de la Cámara vasca, donde el Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), con 27 votos, se opusieron a aprobar el texto.

La iniciativa, que no tiene valor jurídico y solo posiciona un respaldo a la autodeterminación, fue cuestionada por esas tres últimas fuerzas políticas, al considerar que desvirtúa el debate que se plantea sobre el autogobierno vasco en que quieren participar todos los partidos políticos.