La CNDH solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de Guerrero dictar medidas precautorias a favor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, otros afectados por el caso Iguala y sus defensores civiles.

La exigencia es prohibir que servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial encargados de las fuerzas de seguridad, formulen opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad, integridad personal y trato digno de las víctimas.

Esta petición se realizó mediante oficios dirigidos a Lía Limón, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y a Rogelio Ortega, gobernador guerrerense.

Según la Comisión, en los últimos días funcionarios públicos han descalificado el trabajo realizado por los padres y sus asesores en la búsqueda de los jóvenes. “El propósito es evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas”.

Además de los 43 desaparecidos, el organismo contempla entre los afectados a integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo” y las familias de las 6 personas que perdieran la vida durante el ataque de la policía municipal, además de los 30 lesionados.

Adicionalmente, el pasado 4 de octubre de este año se localizaron 6 fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres en el municipio de Iguala; ante ello, la CNDH acordó continuar el expediente como una investigación de violaciones graves a derechos humanos.