En México son deforestadas alrededor de 700 mil hectáreas al año de bosques y selvas, a causa de la tala ilegal y los responsables, en la mayoría de casos, son  grupos delictivos organizados que buscan obtener ganancias económicas a partir del aprovechamiento ilícito de los recursos forestales.

Pero esta práctica ilícita no sólo fomenta el comercio informal y la competencia desleal, sino afecta además las condiciones del suelo y al medio ambiente, ya que miles de especies endémicas pierden su hábitat, acusó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

La presidente de esa comisión,  Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), acusó que no ha sido frenada la tala ilegal de árboles, porque su demanda sigue al alza sin que se castigue este delito pues se adquiere materia prima de los bosques, a sabiendas de que provienen de actividades ilegales.

Por ello, la legisladora del PVEM impulsa reformas al Código Penal Federal a fin de imponer una pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 100 a tres mil días multa, a quien fuera de los terrenos forestales utilice o realice cualquier operación o actividad con recursos forestales maderables de procedencia ilícita en volúmenes superiores a veinte metros cúbicos.

En el caso de que el ilícito se cometa bajo el amparo o en beneficio de una persona moral, la pena privativa de la libertad se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa.

De igual manera, se establece que las sanciones aumentarán en tres años más de prisión y mil días multa adicionales, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

La diputada dijo que con esta reforma se sancionará con mayor severidad a toda persona que adquiera madera de procedencia ilegal o de un área natural protegida, beneficiando con ello el patrimonio de la persona moral, al obtener materias primas a un precio menor que los provenientes de aprovechamientos legales.