Una vez que se  revisó  más a fondo la iniciativa presidencial de leyes secundarias en materia energética, el PRD en el Senado a través de su vicecoordinadora, Dolores Padierna Luna advirtió que esa propuesta presenta una “gran deficiencia” en lo relativo a la calidad del servicio y a la competitividad de las tarifas eléctricas, pues no se vislumbran mecanismos eficaces para garantizar ninguna de las dos.

“De hecho no se encuentran mecanismos para garantizar debidamente los intereses de los usuarios del servicio eléctrico”, alertó

A consideración de la legisladora perredista la falta de capacidad de la CFE para definir sus tarifas, puede ser un problema competitivo frente a las demás proveedoras de energía, en especial en lo relativo a las tarifas sociales, en donde no se garantiza que tengan precios que permitan acceder a quienes subsisten por debajo de la línea de bienestar.

“Un aspecto importante que no se incluye en las iniciativas propuestas es el relativo a las obligaciones de seguridad social de las empresas, toda vez que nos encontramos frente a una situación compleja, pues hay que garantizar la defensa de los derechos de las personas que trabajan en ellas, permitiendo una adecuada participación de las empresas en el mercado”, aseveró.

La senadora perredista lamentó que en la iniciativa del Gobierno federal no se contemple referencia alguna respecto a la investigación y el desarrollo; ni tampoco propuestas claras para mejorar el abasto nacional sin metas mínimas y sin obligaciones efectivas para planear el desarrollo del sector energético mexicano de la mano del sector industrial nacional.

Acusó que hay un desprecio por el valor patrimonial que representa la experiencia  que han acumulado los trabajadores de la CFE y solo se busca desmantelar a esa paraestatal para abrir la puerta a empresas contratadas por la Secretaria de Energía o la Comisión Reguladora de Energía.

Padierna reprochó que en la propuesta de leyes secundarias en materia energética tampoco se hace una mención clara respecto al aprovechamiento de energías renovables, ni al trato a las comunidades y pueblos afectados por proyectos de generación.

“Simplemente se centra en ofrecer garantías y pagos a los afectados, pero los ignora como protagonistas en el desarrollo energético de los recursos de los cuales son depositarios”, indicó.