La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las oficinas de la empresa Buena Vista del Cobre –de Grupo México-, en Cananea, Sonora, tras la denuncia penal que presentó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi.

Ayer peritos de la PGR tomaron el control de las oficinas de dicha empresa al poner sellos para resguardar todos los documentos y cualquier evidencia que sirva para la investigación que se tiene abierta por delitos contra el medio ambiente.

De este modo, la Procuraduría General de la República (PGR) dio cumplimiento a la orden del Ministerio Público Federal a fin de deslindar responsabilidades sobre el derramamiento de lixiviados que contaminó el río.

De acuerdo con el artículo 414 del Código Penal Federal, de comprobarse responsabilidades por el delito contra el medio ambiente, la pena de prisión alcanza los nueve años y una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo, es decir, de 20 mil 187 pesos a 20 millones 187 mil pesos.

El pasado 18 de agosto la Profepa presentó la denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la PGR, contra quien resulte responsable.

La acción se derivó a partir de que se tuvo a la vista el acta de inspección número 08082014-SII-I-062, tras cumplir la orden de inspección PFPA/32.2/2C.27.1/113-14, levantada el 8 de agosto del 2014, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Sonora.

El estudio de la Profepa indica que las empresas mineras ocasionaron un derrame de sulfato de cobre acidulado, el cual fue detectado a las 10:00 horas del día 6 de agosto del 2014, en cantidad aproximada de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado.

El artículo 414 del Código Penal Federal señala que las penas se impondrán a quien ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

Cabe recordar que desde su conocimiento de la contaminación del río, la Profepa ordenó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a todas las instalaciones de la empresa Buena Vista del Cobre con la finalidad de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de su autorización en materia de impacto ambiental.

Además del juicio por responsabilidad ambiental, la empresa responsable podría alcanzar los 40 millones de pesos de sanción, independientemente de la reparación de los daños ambientales ocasionados por la emergencia ambiental.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, el derrame de lixiviados de sulfato de cobre alcanzó el arroyo Tinajas afectándolo en 17.6 kilómetros, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora.