La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aumentó ayer a 33 la cifra de reos fallecidos por consumo indebido de medicamentos y a 135 los intoxicados en una cárcel del occidente del país, números que difieren de las 13 muertes y 145 intoxicados que anunció el Gobierno de Nicolás Maduro el miércoles.

“Estamos hablando de 33 personas [fallecidas] en este problema de la cárcel de Uribana”, confirmó telefónicamente el director del OVP, Humberto Prado.

El motivo por el cual los presos consumieron estos medicamentos, según señaló ayer el Ministerio de Servicios Penitenciarios, tiene que ver con una protesta que el lunes pasado comenzó un grupo de reos que decidió declararse en huelga de hambre para pedir la destitución del director de la prisión de Uribana.

Asalto al botiquín. Los reos tomaron el poder de las áreas de reclusión, incluido el puesto de salud en el que, indicó el ministerio, “procedieron a ingerir múltiples fármacos tales como antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros”.

Para Prado esta intoxicación “se motivó por las propias autoridades” de la cárcel en donde, dijo, “se venía presentando una situación de múltiples denuncias por malos tratos, torturas, falta de alimentación y atención médica”, lo que según el director del OVP “obligó” a que los presos comenzaran las huelgas de hambre.

“Otra versión, dicen los familiares, que como ellos se encontraban en huelga de hambre, llegó un camión con comidas en bolsas negras y se las pasaron, y creen que esa comida iba envenenada”, comentó.

Emergencia carcelaria. El 19 de octubre de 2012, el Gobierno de Venezuela decretó una emergencia “en materia de infraestructura carcelaria” para la recuperación o construcción de nuevas prisiones, después de que el primer trimestre de ese año terminase con 304 presos muertos y 527 heridos a causa de diferentes y motines y reyertas en las cárceles.

No obstante, el OVP denunció en agosto que 150 presos murieron y 110 resultaron heridos en el primer semestre de este año, al afirmar que siguen “sin solución estructural los graves problemas en las cárceles” del país y que el Gobierno busca revertir la situación con “un régimen militar”.