Primera de tres partes

En lo que va del sexenio -2013 y 2014- se han registrado en el país mil 124 emergencias ambientales asociadas al manejo de sustancias químicas, de acuerdo con cifras compartidas a Crónica por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo cual equivale en promedio a dos al día.

Se trata de fugas, explosiones, incendios, accidentes carreteros y derrames contaminantes como el ocurrido el 6 de agosto en el río Bacanuchi -afluente del río Sonora-, cuando se vertieron más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

Más del 45 por ciento de las contingencias es atribuible a operaciones de Petróleos Mexicanos (506), el 55 por ciento restante a labores de empresas privadas, en especial del sector minero.

“Hay focos rojos en todo el territorio, la situación es crítica y los casos son tan constantes que el problema se ha vuelto cotidiano e insensible”, refiere el doctor Rutilio Ortiz Salinas, especialista en contaminación de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Y sí: el panorama de desastre parece generalizado, pues al menos en los rubros de minería y petróleo, las emergencias se han presentado en 25 estados y el Distrito Federal. Las entidades más críticas son Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Tabasco. De esta realidad sólo se salvan Colima, Quintana Roo, Nayarit, Morelos, Michoacán y Guerrero.

Y lo que cada episodio trágico deja atrás es devastación en los ecosistemas: en flora, fauna y seres humanos…

“No sólo se daña la zona del derrame, porque hay filtraciones hacia mantos freáticos y en muchos casos se reporta la pérdida total de la biodiversidad. Los efectos a la salud de las personas se multiplican por el contacto con químicos: enfermedades respiratorias, tipos de cáncer, insuficiencias renales, problemas dérmicos, malformaciones genéticas en futuras generaciones y muertes”, describe Raúl Estrada, experto de Greenpeace México.

La situación, asegura, “se convierte en una carga para el erario público, pues es tal el número de males en comunidades afectadas o municipios que los servicios de salud llegan a ser insuficientes, se da una sobre demanda”.

COSTOS. En febrero de este año, el INEGI publicó su informe más reciente de cuentas económicas y ecológicas -para medir el impacto ambiental del quehacer económico, degradación del ambiente y gasto social en la materia-, en el cual reportó que los daños ambientales representan cada año para el país entre 6 y 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de un billón de pesos. En los últimos cuatro años analizados, el costo ha presentado una tasa media de crecimiento anual de 1.8 por ciento en términos nominales. Los rubros más costosos son contaminación de cuerpos de agua, degradación de suelos afectados por vertidos químicos y por residuos sólidos.

En contraste, el gasto en protección ambiental realizado por el sector público en su conjunto alcanza apenas -según el reporte del INEGI- un monto de 143 mil 66 millones de pesos, sólo el 1% del PIB. Es decir que entre lo que se pierde y lo que se invierte hay una diferencia de 500 por ciento.

IRREGULARIDADES. ¿Qué ha llevado a tal estado de emergencia? El catálogo de anomalías incluye falta de programas de prevención así como de protocolos de alerta y actuación ante emergencias, descoordinación institucional, nula supervisión técnica a empresas ligadas al ramo, legislación laxa u omisa, deficiencia de estudios de impacto ambiental o análisis de riesgos, compañías sin compromiso social ni certificación, y hasta acecho del crimen organizado.

“Las catástrofes ambientales no se dan por sí solas, sino por acciones u omisiones tanto de particulares como de autoridades —señala Tomás Serrano, visitador en temas ambientales de la CNDH—. No basta con otorgar licencias o permisos a las empresas para explotar recursos naturales y manejar sustancias peligrosas, hay que vigilar sus métodos y procesos de operación, pero el compromiso se incumple y se da la corresponsabilidad institucional”.

Para que el actual gobierno evite un mayor caos, más aún en tiempos de reforma energética y proliferación de inversión privada, debe dar más importancia a las estrategias de protección ambiental de una empresa que a su propuesta de derrama económica, dice el doctor Ortiz Salinas:

“Por que muchas veces se les da el visto bueno por los supuestos beneficios económicos que dejará en una región, pero se omite la aplicación de la ley sobre manejo de residuos, esquemas de seguridad en instalaciones y procedimientos en casos de accidentes”.

-¿Y cuál es la consecuencia? –se le cuestiona.

-Lo que vemos hoy: empresas que ocultan datos, subestiman el manejo de residuos, olvidan la capacitación a su personal y carecen del mínimo compromiso con las comunidades aledañas, llegan incluso a tirar residuos en el drenaje o barrancas. La mayoría tapan el pozo cuando el niño se ha ahogado.

El mensaje, dice Raúl Estrada, de Greenpeace México, es para las secretarías de Economía y Medio Ambiente, la propia Profepa y las autoridades locales encargadas de autorizar cambios de uso de suelo a favor de la instalación de corredores industriales, “porque hoy todas colocan por encima el aspecto económico, sin reparar en las afectaciones a mediado y largo plazo para  la gente, las plantas y los animales”…

Los datos

Registros

2013: 605 (250 en Pemex y 355 en empresas privadas)

2014: 519 (256 en Pemex y 263 en empresas privadas)

TOTAL: 1124

*Datos de la Profepa hasta el 25 de agosto de 2014.

Estados con más incidentes

*Veracruz (105, 6 al mes)

*Guanajuato (95, 5 al mes)

*Tamaulipas (42, 2.1 al mes)

*Puebla (39, 2 al mes)

*Tabasco (36, 1.8 al mes)

*Fuente: Profepa

Efectos en la biomasa*

Se estima que sólo la cuarta parte de las aves contaminadas por derrames en el mar llegan a tierra, muertas o vivas. El resto desaparece o se hunden porque el petróleo les impide volar. Las aves impregnadas de petróleo pierden su capacidad de aislarse del agua, pudiendo morir por hipotermia. Cuando intentan limpiar su plumaje con el pico, ingieren hidrocarburos que las envenenan. Los mamíferos marinos pueden sufrir taponamiento de vías respiratorias y morir por asfixia. También ingieren hidrocarburos por alimentarse de animales contaminados, lo que les puede causar envenenamiento. Los efectos sobre los animales pueden abarcar deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de huevos y alteraciones en su comportamiento. Se ha comprobado la desaparición de cetáceos como la marsopa o el delfín mular.

El petróleo vertido en el mar genera la falta o disminución de entrada de luz, lo que provoca la reducción del área donde es posible la fotosíntesis y, por tanto, el desarrollo de plantas verdes, el aporte de oxígeno y el de alimento al ecosistema. Se destruyen manglares y arrecifes de coral. Al ocurrir un derrame se incorporan sustancias carcinógenas (que producen cáncer) en las redes tróficas, incluyendo especies de peces y mariscos que son consumidas por el humano. Las personas expuestas presentan irritación de piel u ojos, náusea, vértigo, dolores de cabeza o mareos. La inhalación de aceites o químicos causa neumonía lipoidea, muerte por envenenamiento, leucemia y otros tipos de cáncer e incluso la muerte.

*Estudio Greenpeace