Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, consideró como un avance la reforma en materia de transparencia, pero lamentó que México ocupe el lugar 106 de 177 países en el Índice de Percepción de Transparencia Internacional.

En su oportunidad, Gerardo Laveaga Rendón, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, afirmó que la reforma en materia de transparencia es “un afortunadísimo vuelco constitucional que coloca a México a la vanguardia”.

Tras la promulgación de la reforma constitucional en materia de transparencia, Reyes Heroles propuso la creación de un consejo nacional de probidad que se reúna cuatro veces al año con el Presidente de la República.

Desde el patio de honor de Palacio Nacional, en la ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, Reyes Heroles detalló que en este consejo se podrían “generar consensos entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales, y que de ahí nazcan las políticas nacionales”.

Explicó que con este consejo se analizarían las mejores fórmulas, por ejemplo, para la compra de medicamentos o equipos para  entrar al área digital.

En su discurso, dijo que si en verdad se quiere un país más próspero y  justo se tiene que combatir la corrupción, pues advirtió que las cifras sobre el costo para nuestro país de este flagelo han oscilado del dos al ocho por ciento.

“Tomemos una cifra intermedia, cinco por ciento, es el equivalente a lo que gastamos en educación año tras año”, sostuvo.

Aseguró que algo estamos haciendo mal los mexicanos, pues a pesar de todos los avances institucionales,  la percepción sobre nuestro país está en este rubro destrozada: lugar 106 de 177 países en el Índice de Percepción de Transparencia Internacional, debajo de naciones que tienen un grado muy inferior de desarrollo en sus instituciones.

En su opinión, la reforma en materia de transparencia rompe mitos y tabúes toda vez que el órgano garante obtiene autonomía constitucional y sus resoluciones son inatacables, mientras que los sujetos obligados abarcan todos los ámbitos: fideicomisos, sindicatos, gobiernos estatales, municipales, los legislativos locales y el Federal; universidades y el Poder Judicial, entre otros.

“Por fin, la rendición de cuentas y la transparencia abrazan a toda la República”, expresó.