Quince son las recomendaciones que plantea la comisión especial de diputados para la Línea 12 del Metro al jefe de Gobierno del DF, a los procuradores generales de la República y del DF, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al SAT, dirigidas a abrir averiguaciones por fraude y corrupción, conflicto de intereses, negligencia y omisión en contra de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Enrique Horcasitas.

El punto seis del pliego de recomendaciones, en su párrafo siete, señala de manera textual que “en la administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el Gobierno del Distrito Federal, se recomienda en este caso de la Línea 12, deslindar las responsabilidades” de esos tres ex funcionarios.

En este marco, se espera que mañana viernes a las 17:00 horas la comisión especial reciba en San Lázaro al ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, cita a la que podría acudir también el senador Mario Delgado, ex secretario de Finanzas del GDF.

El documento recomienda al actual jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, profundizar en el fincamiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, “a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción”.

También a Mancera, la comisión especial legislativa le pide dar prioridad a un análisis jurídico-administrativo-económico para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la L-12, ya que el costo de su renta es tres veces más al de su adquisición.

En el informe de trabajo que presentó la comisión especial de diputados que da seguimiento al uso de los recursos federales en la llamada Línea Dorada del Metro, cuyo contenido hasta ahora se conocía sólo a través de “filtraciones”, se señala:

“Existen bases para recomendar sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su conveniencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público”.

La recomendación número ocho solicita al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que “proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes, a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades de funcionarios públicos y empresas privadas.

La comisión que preside el diputado Marco Antonio Calzada, del PRI, solicita a la ASF que inicie cuanto antes los procedimientos correspondientes para fincar responsabilidades a los ex funcionarios y funcionarios del GDF “por el probable desvío de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro”.