La Cámara de Diputados aprobó ayer con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones el dictamen de reforma constitucional que regula la deuda de estados y municipios y del Distrito Federal, cuyo objetivo es impedir que las entidades adquieran endeudamientos y empréstitos que a la larga no puedan liquidar.

La minuta, que fue enviada al Senado para continuar su trámite legislativo, faculta al Congreso para aprobar anualmente los montos de endeudamiento, y éstos deberán Incluirse en la Ley de Ingresos.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, del PRD, al fundamentar en tribuna el dictamen, reveló que actualmente la deuda de estados y municipios asciende a 490 mil millones de pesos, mientras que en julio de 2013, cuando la Cámara baja aprobó por primera vez este tema, el endeudamiento era de 390 mil millones.

La situación, dijo, “es alarmante” y por tanto legislar en la materia resulta urgente, ya que, como se aprecia, en menos de 20 meses esa deuda creció en 100 mil millones de pesos.

El dictamen aprobado señala que en el caso de que los estados tengan niveles elevados de deuda y soliciten la garantía federal para la contratación de más deuda, el Congreso, a través de la comisión legislativa bicameral competente —que se creará en fecha próxima—, analizará la estrategia de ajuste a seguir para fortalecer sus finanzas públicas.

Cabe destacar que el más de año y medio que ha llevado esta discusión en el Congreso, es decir, entre diputados y senadores, se debe, entre otras causas, a la diferencia de criterio sobre las facultades constitucionales en materia de deuda pública.

La minuta incide en cambios a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, y contiene ocho artículos transitorios; se envió al Senado para su segura ratificación puesto que las modificaciones logradas cuentan con el aval de los senadores.

Los diputados federales están ciertos de que la enmienda, que prevé combatir el endeudamiento de los estados y el Distrito Federal, será ratificada también por la mayoría de los Congresos locales y promulgada por el Ejecutivo federal para que de inmediato entre en vigor.

Las reformas avaladas tienen el propósito de establecer en la Constitución que “el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.