México ocupa el segundo lugar en América Latina en casos de violación a los derechos humanos y delitos cometidos en agravio de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti y Transgénero (LGBTTT).

Si bien la población LGBTTT ha incrementado su visibilidad en México, la realidad es que enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en donde la intolerancia se presenta como un estigma, informó la ONU a través de un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

De 1995 al 2006, se presentaron 420 homicidios por homofobia de acuerdo con el Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el año 2010.

La comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, advierte que entre las observaciones emitidas por la ONU, está la de que el país cuenta con una legislación en el ámbito local que penaliza la homosexualidad indirectamente, a través de figuras tales como faltas a la moral, atentados al pudor o exhibiciones obscenas, que dan pie a ciertos abusos por parte de algunos miembros de cuerpos de seguridad.

De igual manera, el informe sostiene que según datos de la “Encuesta nacional de valores ciudadanos y cultura de la democracia en México”, la gran mayoría de las personas no estaría dispuesta a vivir con un homosexual en la misma casa, por temor a perder amigos, familia, trabajo o vivienda, o por miedo a la exclusión que mantiene en silencio a la gran mayoría de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual.

Por ello, la integrante de la comisión de derechos humanos en San Lázaro,  Roxana Luna Porquillo, manifestó que ante este panorama, es necesario reformar el artículo 1 de la Constitución Política con el propósito de prohibir toda discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad o expresión de género.

Actualmente, precisó, sólo se contempla el término de preferencia sexual.

El término orientación sexual atiende la solicitud de la comunidad LGBTTT, en virtud de que este concepto define quiénes son y no solamente qué prefirieron ser, expuso la diputada.

Subrayó que con esta modificación se lograría reafirmar en nuestra Carta Magna el principio de no discriminación, el cual exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, y armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos más avanzados, tal y como lo mandata la reforma constitucional del 2011.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, establece que la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de la igualdad, de los derechos y libertades”.

La diputada acusó que si bien existen varios avances normativos que tienen como fin lograr garantizar la igualdad y no discriminación, aún se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y los crímenes de odio basados sin distinción de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.

“Entre las violaciones a las que se encuentra expuesta la comunidad LGBTTT, están la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos”, estableció.