El PAN en el Senado impulsará un paquete de reformas para obligar a los funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de Gobierno a transparentar su patrimonio a fin de evitar escándalos y situaciones como las que se han registrado en los últimos meses donde se ha visto involucrado incluso el jefe del Ejecutivo.

Por ello, la senadora panista Laura Rojas busca que su partido incluya en su agenda legislativa diversas modificaciones legales para  legislar en materia de conflicto de interés y de evolución patrimonial a fin de garantizar que los ciudadanos puedan mantener vigilancia sobre el curso  que lleva el patrimonio de los servidores públicos.

No obstante la panista explicó que para incluir a los gobernadores como sujetos obligados será necesario aprobar una ley de aplicación general o que los congresos locales también realicen reformas en ese sentido.

En entrevista, la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que la urgencia de legislar en materia de conflicto de interés es obvia, a fin de evitar que vuelvan a suceder casos como el de la “Casa Blanca”, la de Ixtapan de la Sal y Malinalco, cuya adquisición y financiamiento por parte del presidente de la Republica, su familia y colaboradores se hizo a contratistas de sus gobiernos.

Dijo que  es fundamental modificar la ley para establecer la obligación de publicitar en versiones públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, legisladores federales y locales, así como jueces, magistrados y ministros.

Rojas explicó que dichas declaraciones deberán de estar concentradas en una plataforma nacional de tal forma que, sin importar los poderes o los órdenes de gobierno por los que los servidores públicos hayan pasado, la información sobre su evolución patrimonial pueda ser sujeta de un claro seguimiento y escrutinio, explicó.

Por otro lado, resaltó la importancia de incluir en la agenda legislativa del GPPAN la aprobación de la reforma secundaria en materia de transparencia, que deberá ser aprobada por mandato constitucional el 7 de febrero próximo.

Recalcó que la reforma en materia de transparencia y la de anticorrupción son reformas hermanas que se complementan, por lo que no se debe olvidar que anticorrupción y transparencia son un binomio necesario.